La dificultad a la que se enfrentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad frente a la ciudadanía no es tanto luchar contra el delito, si no la de saber que se espera de ellos. La correlación entre satisfacción ciudadana y percepción de seguridad refleja que para la opinión pública es más importante sentirse seguro que estar seguro. Esta extraña bipolaridad de una sociedad que no conoce en su mayoría los devastadores efectos de una tasa de delincuencia y peligrosidad criminal elevada –en el caso español- hace aún más difícil y delicada la función de los CFS. ¿Qué espera la ciudadanía de la policía? ¿Quiere cercanía con sus problemas –debatiremos más adelante sobre esto-? ¿Quiere que evite que se cometan delitos? ¿Quiere que detenga a quienes sobrepasan los límites?
Según las diferentes perspectivas de la función que deben cumplir la policía podemos saber en qué deben hacer hincapié quienes deben establecer la política de seguridad pública. Si optamos por un modelo basado en crear sensación de seguridad en la ciudadanía debemos hacer que los agentes estén a pie de calle, que no solo intervengan frente a delitos, si no que se enfrenten también a problemáticas sociales (¿acaso no lo son los sintecho, las personas incívicas o la marginalidad?). Sin duda un claro ejemplo de ello es la proliferación de “Ordenanzas Cívicas” que permiten al cuerpo de policía más cercano con el ciudadano, la policía local, actuar en situaciones relativas a la convivencia ciudadana. Es toda una declaración de intenciones que la propia Federación Española de Municipios y Provincias haya realizado una Ordenanza tipo para estos casos. En la misma se tratan temas tan dispares como el asociacionismo, la limpieza de vías públicas, degradación del entorno urbano –resultado directo de la aplicación de la teoría de los cristales rotos de Willson y Kelling (1982) y Coles (1996)-, la mendicidad o la prostitución.
Llegados a este punto debemos prestar atención a las diferentes pistas que nos encontramos con la cristalización en Ordenanza de conductas que molestan al ciudadano. Ya no solo encontramos que la violencia o delitos contra la propiedad son los campos de actuación de la policía. Estos también deben atender a hechos que molestan a la ciudadanía, como el realizar necesidades fisiológicas en la calle, el consumo de alcohol o la mendicidad. Elementos que no tienen por qué resultar peligrosas ni victimizantes para la ciudadanía pero sin embargo se convierten en una obsesión legislativa y ejecutiva a atajar como prioridad. Y el arma para luchar contra esas conductas que molestan a la ciudadanía se llama derecho administrativo. No olvidemos que las Ordenanzas están fuera del circuito al que tradicionalmente estaba circunscrita la criminalidad, el derecho penal. Como nos dice Rando (2010) la inclusión de estas conductas en normas fuera del derecho penal hace que aumente el carácter aflictivo del derecho administrativo punitivo y a intensificar los elementos estigmatizantes de su uso. Diferencia entre percepción de seguridad y seguridad pública. Y esto último provoca la persecución de colectivos que serán considerados peligrosos por parte de la sociedad como los sintecho, los jóvenes o los extranjeros que serán el objetivo de los CFS en aplicación de esas normas de carácter administrativo que persiguen el vago concepto de incivismo configurado por una sociedad que tiene miedo a todo.
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